Por Roberto Rodríguez
El candidato presidencial por el partido Alianza País (AP) entiende que para hacer posible una acción justiciera contra el despilfarro de los bienes públicos, lo primero que debe haber es un gobierno honesto, que maneje con pulcritud los recursos, pero sobre todo que “tenga memoria y no haya impunidad”, un compromiso que, según dijo, ha asumido su organización para darle continuidad a la obra inconclusa del proyecto de nación del patricio Juan Pablo Duarte.
El candidato presidencial habló sobre diversos temas nacionales ante decenas de compatriotas que asistieron a una actividad de campaña realizada la noche del viernes 18 en los salones del Lawrence Senior Center, como parte de un recorrido que realiza por varios Estados y ciudades de Nueva Inglaterra.
Los corruptos del Congreso
“El país está mal. No funcionan las instituciones y las cosas son cada vez peor”, manifestó el candidato presidencial, refiriendo que el problema se manifiesta a todos los niveles, comenzando por los ayuntamientos, donde el disgusto de los munícipes es evidente, destacando el caso del Congreso, el cual “sólo funciona para que un grupo de legisladores se hayan asignado un ‘barrilito’, se hayan enriquecidos y hayan legalizado la corrupción”.
Refirió que esos legisladores “no sólo se han puesto grandes salarios, sino que cada senador se ha asignado, ¡óigase bien! un peso por cada elector de su provincia”, dándose el caso de aquellos casos de provincias donde hay 700 mil electores y “ese senador recibe todos los meses 700 mil pesos”, una acción legalizada por una resolución del mismo hemiciclo cameral.
Moreno señala que los diputados no han hecho nada diferente, quienes se han asignado lo que se conoce como “El cofrecito”, sin que se tome en consideración que los legisladores todos, además del salario que devengan, “cobran una dieta fija de 7 mil pesos cada vez que van a una sesión, y cuando son además miembros de una comisión de trabajo del mismo Congreso, cada vez que asisten a una reunión de esa comisión, reciben una partida de 10 mil pesos”.
El derroche de privilegios de los legisladores no termina ahí, sino que también reciben, cada dos años, una exoneración, lo que implica que en un período de cuatro años reciben dos exoneraciones, pero como legislaron para que esta vez fuera de seis años su permanencia en el cargo, “ahora son tres exoneraciones”.
“Pero no vaya nadie a creer que esas exoneraciones son para usar esos vehículos, no, ellos tienen vehículos oficiales asignados. Esas exoneraciones son para importar vehículos de lujo para venderlos, algo que lo dicen públicamente, a pesar de que la propia ley que regula esas exoneraciones prohíbe de manera expresa que el concesionario de la misma pueda venderla”, denunció Moreno, destacando que “esos son los legisladores que tenemos en la República Dominicana”.
Destaca que la agravante del negocio que hacen los legisladores con las exoneraciones, “es que en la mayoría de los casos, quienes compran esos vehículos importados son personas vinculadas al lavado de activo, debido a que son vehículos de altos costos”, haciendo hincapié en que “ese es el Congreso que tenemos, el mismo que debería ser el órgano de control del Poder Ejecutivo”.
Recordó que en el Congreso es donde se supone debe estar la máxima expresión de la representación popular, y que se presume “es el espacio donde los ciudadanos nos sentimos directamente representados y deberíamos ser escuchados”.
Complicidad de la justicia
Moreno, quien es un destacado abogado con amplia experiencia sobre la jurisprudencia dominicana, ejerció funciones de Fiscal del Distrito Nacional en el primer período de gobierno del presidente Leonel Fernández (1996-2000), de donde fue despedido por instrucciones del propio ejecutivo de la nación, según ha dicho en varias ocasiones, después que se negó a poner fin a una cruzada contra destacados corruptos del país que había iniciado desde su llegada al cargo en el ministerio público.
Al tocar el tema de la justicia, dijo que esta no es ajena a los niveles de descomposición que vive el país, poniendo como ejemplo el fallo que dictó la Suprema Corte de Justicia con el escandaloso caso de la Sun Land, que involucró un préstamo internacional de 130 millones de dólares, solicitado y ejecutado en violación de la Constitución porque se tomó sin la autorización del Congreso Nacional.
El candidato presidencial asegura que “por presiones del Poder Ejecutivo”, la Suprema Corte declaró inadmisible un recurso que buscaba anular el préstamo, puntualizando que en vez de cumplir sus funciones, como órgano de control de ejecutivo, el máximo tribunal de justicia lo que hizo fue fallar a favor de esa ilegalidad que, en cualquier otro país, donde los poderes fueran independientes, lo menos que podría ocurrir es la destitución del Presidente de la República.
El salario del Presidente
Moreno considera como algo normal, el que cuando habla de esos temas en público, se le pregunte cuál es el salario del Presidente de la República, sin otra respuesta que “el Presupuesto Nacional”, asegurando que el 85% de la Ley de Gastos Públicos “está directa o indirectamente bajo su control”, poniendo como ejemplo, para que se tenga una idea de lo que maneja el presidente, este año el Presupuesto es de 430 mil millones de pesos, dejado establecido que ese mismo presidente es el funcionario que “al mismo tiempo controla la justicia y controla el Congreso”.
Seguridad pública
El presidente de Alianza País aprovecha y entrelaza una serie de males que padece la nación caribeña que refiere para que le sirvan para avalar su vehemente afirmación de que “las cosas en el país andan mal, muy mal”, refiriendo en este caso el sensitivo y preocupante caso nacional de la seguridad pública.“En nuestro país hay un homicidio cada tres horas, lo que significa que al día, el promedio es de ocho, con la agravante de que de esos ocho homicidios, dos o tres son en intercambios de disparos, es decir por balas disparadas por una autoridad”, no sin dejar reflejar en su rostro un dejo de tristeza y preocupación, sosteniendo que eso “debe darnos una idea, no sólo del nivel de inseguridad pública fruto de la delincuencia y el crimen, sino también de la precariedad del Estado”. No sin destacar que hay casos en que la víctima es un agente de la policía.
40 mil puntos de drogas
Moreno sostiene que además de la falta de una política oficial dirigida a enfrentar esa situación, el problema de la delincuencia está vinculado directamente con el auge que ha tenido en el país el narcotráfico y la pobreza.
“En nuestro país, las propias autoridades admiten que tenemos 40 mil puntos de microtráfico”, sostiene el candidato presidencial, explicando que lo que se está diciendo es que de los 48 mil kilómetros cuadrados que tiene la media isla que ocupa la República Dominicana en la isla La Hispaniola, sólo están habitados mil 500 kilómetros cuadrados, lo que significa que si en esos mil 500 kilómetros cuadrados hay 40 mil puntos de microtráfico, el resultado final es que en cada kilómetro poblado del país, hay 30 puntos de venta de drogas.
Tras poner en perspectiva esas estadísticas sobre el narcotráfico en República Dominicana, alerta a los presentes en la actividad para que “tengamos una idea de las dimensiones que ha alcanzado esa actividad delictiva, al punto que las propias autoridades han admitido que el 90% del delito y el crimen está vinculado al narcotráfico”.
El auge en los últimos 10 años
El candidato presidencial sostiene que una de las preguntas más socorridas que bullen en el colectivo nacional es la del porqué el narcotráfico ha tenido tanto auge en los últimos 10, lo que ilustra con la conclusión de que la República Dominicana “de ser una nación de tránsito (de la droga) pasamos a ser un país de alto consumo”.
Explica que para entender el panorama que ha creado en el país la proyección desmedida y preocupante del narcotráfico, deben considerarse razones fundamentales, como son la falta de protección de los organismos de seguridad encargados de perseguirlo, lo que se explica porque ese flagelo ha penetrado esas instituciones.
Moreno no quiere que se piense que está especulando, sobre todo porque al ser un candidato presidencial puede abrir un innecesario espacio de dudas por aquello de la falta de credibilidad de los políticos tradicionales del país, y por ello expone pruebas fehacientes que en su momento han sido motivo de escándalos nacionales e internacionales.
En ese sentido comienza refiriendo el caso del ex capitán, Quirino Ernesto Paulino Castillo, extraditado a Estados Unidos, quien siendo un oficial del Ejército Nacional, estaba vinculado directamente a los organismos de seguridad, igual que con la sonada matanza de Paya, Provincia Peravia, donde por lo menos siete personas vinculadas al narcotráfico fueron ejecutadas y cuyas conclusiones de las investigaciones fueron que era la Marina de Guerra la que ofrecía las coordenadas a los delincuentes que entraban cargamentos de droga por esa zona. Algo que entiende hay que destacar, es que la misión de la Marina de Guerra es vigilar las costas del país para, entre otras cosas, no penetre la droga, y en este caso lo que hacía era servir de orientadora al narcotráfico.
Otro los referentes que cita Moreno para ilustrar la realidad de la componenda existente entre los organismos de seguridad y el narcotráfico en el país, es el caso de la torre Artiemar, en el que unos españoles llegados al país recibieron un préstamos de 700 millones de pesos del Banco de Reservas, propiedad del Estado, y que al momento ser descubiertos como narcotráfico portaban identificaciones oficiales como policías honoríficos. Su cabecilla Arturo Del Tiempo se encuentra preso hoy en España acusado de traficar con miles de kilos de cocaína desde República Dominicana.
El más reciente, y el que más evidencias ha mostrado de los vínculos oficiales con el narcotráfico, es el de José Figueroa Agosto, un puertorriqueño fugado de una prisión de su país que en 10 años viviendo en Dominicana acumuló una fortuna que le hacía invisible ante las autoridades, a pesar de que se desplazaba en vehículos con placas oficiales, portaba un carnet del Departamento Nacional de Investigación (DNI) y tres cédulas de identificación personal con igual número de nombres diferentes expedidas legalmente por la Junta Central Electoral, organismo encargado del registro ciudadano.
“Lo más grave y lo peor, es que en todos estos casos ha primado la impunidad, al punto que la estructura de los organismos de protección no ha sido investigada y mucho menos ha sido sancionada”, denuncia Guillermo Moreno, para agregar a seguidas que “la protección y el vínculo que tienen los organismos de seguridad es lo que explica el auge del narcotráfico”.
Sostiene que el estadio de pobreza que exhibe el país, es el otro escenario en el que el narcotráfico se afianza y acrecienta, partiendo de que la existencia de 40 mil puntos de microtráfico, significa que esa actividad ilícita se ha convertido en el principal empleador del país.
“Jóvenes y adultos de barrios y comunidades donde no hay fuentes de empleos, falta de una educación de calidad, donde no hay un liceo politécnico, donde no se aplica una política crediticia que ayude al establecimiento de pequeñas y medianas empresas, terminan sirviendo al narcotráfico”, declaró Moreno.
La tragedia educativa
En una exposición radiográfica de lo que el propio Moreno define como “devastadora realidad”, el candidato presidencial del AP, revela que de cada 100 niños que ingresan a la escuela en el país, 78 terminan desertando antes de ser bachiller, de cuyos 22 que terminan, 10 entran a la universidad y 2 terminan graduados con un título.
Dijo que hay que tener claro que los 72 jóvenes que desertaron en la primera etapa y los 20 que lo hicieron en el nivel universitario “son captados por oficios informales o son atraídos por la actividad del narcotráfico”, una realidad que, según explica, la crean la impunidad y la pobreza que a su vez generan el ambiente de inseguridad pública y el tráfico de droga.-
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