El Cardenal, Agripino y “Los bomberos” de Juan Bolívar

Roberto R. Rodríguez R.

A propósito del proceso electoral que vive el país, hay que ponerle atención a ciertas situaciones que se plantean con un supuesto propósito de conveniencia colectiva, cuando en el fondo no tienen otro objetivo que el encubrimiento de acciones deshonrosas y deplorables.

Es decir, como lo señalaba Carlos Marx, en su libro El 18 Brumario de Luis Bonaparte: “Hegel dice en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal aparecen, como si dijéramos, dos veces. Pero se olvidó de agregar: una vez como tragedia y otra vez, como farsa”.

Eso --y no otra cosa--, es lo que podrían estar escondiendo la continúas intervenciones del cardenal López Rodríguez en los asuntos propios de los participantes del circo electoral, y en la que el representante máximo de la iglesia católica en el país parece no querer quedarse fuera de la payasada. Claro con un objetivo muy bien definido, el cual podríamos ver más adelante.

El Cardenal López Rodríguez

Para ello debemos remontarnos a la traumática e inolvidable noche del 14 de mayo de 1974, cuando la hueste reformista quiso poner fin a una jornada larga y dolorosa de represión contra la oposición electoral al tirano Joaquín Balaguer, representada en el poderoso Acuerdo de Santiago que tenía contra las cuerdas al régimen de oprobios que vivíamos desde 1966 y que llevaba como candidato presidencial a Antonio Guzmán Fernández.

Ha de recordarse que esa acción, ocurrida en San Rafael del Yuma, provincia La Altagracia, puso en peligro la vida del candidato presidencial opositor, quien milagrosamente logró escapar ileso de un ataque despiadado a tiros en contra de una caravana que anunciaba el cierre de la campaña.

Agripino Núñez Collado

Eso trajo como consecuencia la irrevocable decisión del Acuerdo de Santiago de retirarse de los comicios a celebrarse el 16 de ese mes, apenas dos días después. Para entonces, Juan Bolívar Díaz --que era analista político del desaparecido vespertino última Hora--, escribió un artículo titulado “Los Bomberos”, el cual se negaron a publicar los ejecutivos del diario, pero que vio la luz pública en la contraportada de una edición extra que trabajamos para el día 15 en el también desaparecido vespertino La Noticia.

En ese histórico e irreverente análisis, Juan Bolívar enrostraba a Rafael Herrera, director entonces del matutino Listín Diario y al obispo Hugo Eduardo Polanco Brito, la condición de “bomberos” que sólo accionaban cuando el fuego tocaba los intereses del gobierno, pero no así cuando la víctima era la oposición. Esto porque tan pronto el Acuerdo de Santiago anunció su decisión de retirarse de los comicios, ambos personajes aparecieron como mediadores para tratar de convencer a los líderes de ese movimiento, encabezado por el doctor José Francisco Peña Gómez, a que desistiera del retiro.

Juan Bolívar Díaz

Juan Bolívar era certero en las precisiones y razones que enarbolaba para acusar de “bomberos” a Herrera y Polanco Brito, porque en todo el trayecto de la campaña, a pesar de las continúas agresiones contra las manifestaciones de los acuerdistas y la persecución y apresamiento de muchos activistas, nunca abrieron la boca para reclamarle a Joaquín Balaguer que moderara a sus perros de presa.

Viene a colación el asunto, porque, como referimos al principio citando a Carlos Marx, nueva vez la historia se repite y ahora vez como farsa, con las intervenciones, en sus respectivos escenarios, de Agripino Núñez Collado y el cardenal López Rodríguez en cada una de las situaciones que no convienen al oficialismo.

Ya vimos la participación directa que tuvieron estos dos siniestros personajes en la “solución” del conflicto con el centro de cómputos de la Junta Central Electoral, que de paso fue creado por el propio presidente de esa institución, Roberto Rosario,  un descarado cuadro político del oficialismo que actúa sin parar mientes en sus bajezas e irresponsabilidades, adornadas con una arrogancia y prepotente que le delatan en su parcialidad.

Danilo y Margarita

Ahora es López Rodríguez, cuando observa que al oficialismo lo están pegando a la pared en las denuncias de la oposición y la sociedad civil con razonables sospechas de corrupción en muchas dependencias y funcionarios oficiales.

En esa jornada de denuncias se incluye al candidato presidencial Danilo Medina, puesto en evidencia por haber plagiado su tesis de grado como economista y el reclamo para que explique la procedencia de la fortuna que le permite llevar una vida de rey, sin que se le conozcan otras fuentes de ingresos que la que tuvo siendo Ministro de la Presidencia de 2004 hasta el 11 de julio de 2006, cuando presentó renuncia. Ya en el período 1996-2000 había desempeñado las mismas funciones, en la que creó mecanismo de manejos de fondos fraudulentos que costaron al Estado miles de millones de pesos de los contribuyentes y que terminó llevando a la cárcel a varios compañeros suyos de partido.

Lo mismo ha sucedido con la candidata vicepresidencial oficialista, Margarita Cedeño de Fernández, nada menos que la esposa del presidente actual, Leonel Fernández, a quien públicamente se le ha cuestionado por una serie de acciones que se le atribuyen que  van desde el manejo –sin mínima transparencia—de un presupuesto de 700 millones de pesos que administra en su despacho como primera dama,  hasta llegar a cerrar tiendas de lujo en Nueva York, España y París para hacer compras de zapatos, sobreros e indumentarias costosos pagados en dólares y euros con recursos del Estado. Nadie en el gobierno, ni siquiera la misma primera dama, se ha dignado en hacer un comentario sobre el tema. Igual ha sido señalada como poseedora de una cuenta por millones de Euros en un banco de Dinamarca que no ha sido de todo aclarada debido al secreto bancario que rigen las leyes de ese país. El silencio también ha sido la respuesta de la primera dama a las revelaciones de financiamiento millonario de su campaña por parte del Banco Popular, con recursos de los ahorrantes, en el que se incluye un apartamento en París.

Bueno, a todo esto y cuando la pelota se está poniendo interesante acerca de la falta de pulcritud y transparencia que, según los mismos participantes en la contienda electoral, ha exhibido cada uno de ellos cuando han tenido la oportunidad de manejar fondo del Estado, entonces aparece el nuevo “bomberos apaga fuegos”, López Rodríguez a sugerir que esos temas no se debatan en la campaña y a platear la firma de un “pacto de civilidad”. Esa es una falta de respeto al pueblo dominicano.  Si los candidatos son bestias incivilizadas, el cardenal no tiene ningún derecho a privar al pueblo dominicano de presenciar el circo y tener la oportunidad de sacar sus propias conclusiones acerca de las cáfilas, y sus cómplices, que pretenden seguirle dorando la píldora.

¿Acaso teme el cardenal quedar delatado en medio de la confrontación, de la misma manera que Hipólito Mejía desnudó a Agripino Núñez Collado y su famosa cuenta en dólares en un banco de Puerto Rico?

Roberto Rosario

Ya decía Vargas Vila, refiriéndose a ciertos curas que son “usufructuarios de la sangre de Cristo” en la tierra, los cuales pretenden exhibir la falsa figura del hombre de bien, bondadoso y humilde, cuando bajo su sotana  “vive su alma de Emperador”, a la que no quieren renunciar y enseñan su verdadera identidad cuando sienten amenazada la abundancia en la que viven de espalda a la propia razón de ser, y en cambio trafican con la fe y la esperanza de los pendejos.

Esta vez, y como es ya norma de conducta, siempre que sea en defensa de sus dadivas y bonanzas, el representante católico ejerce la función de prepucio, pretendiendo proteger de la delación pública a los sinvergüenzas que llevan 46 años burlándose del pueblo dominicano, con la complicidad de la jerarquía rancia y despreciable de la iglesia católica.

Todo esto, agravado por esa ambición desordenada de poder que ha mostrado la gente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), apañada por estas acciones poco disimuladas, en instituciones que se les supone toda la transparencia necesaria para dirigir un proceso electoral, como es el caso de Roberto Rosario y su Junta Central, debe ser un advertencia clara para que a nadie lo agarren soplando botellas.

Es evidente que se está tejiendo una madeja en la que si nos descuidamos vamos a quedar atrapados todo el que no sea parte del tinglado que ha armado Leonel Fernández, y en ese proyecto –han dado más de una muestra convincente—están dispuestos a sacrificar a todo el que sea necesario si se convierte en obstáculo. Que el 21 de mayo nadie alegue ignorancia y desde ya, a quien no le guste el calor que vaya abandonando la cocina. Pero mientras tanto, sigamos dándole fuego a la lata, denunciando a todo el que la riqueza sin acta de nacimiento lo ponga en evidencia.

La preocupación por el control del PLD en las instituciones del Estado

Por: Ramón Antonio Negro Veras

El día martes 20 del mes de marzo del año en curso 2012, el Encargado de Redacción del periódico La Información, licenciado Nelson Peralta, por vía telefónica  me formuló la pregunta de si yo compartía el criterio sostenido por un grupo de intelectuales en el sentido de que existe preocupación de que en el país se instaure una dictadura constitucional.

Le respondí al periodista que me hizo la pregunta, en la siguiente forma:

“Conozco a la generalidad de los que componen el movimiento de intelectuales a que usted hace referencia, y sé de su vocación democrática y valía. Respeto su inquietud por el hecho de que el Partido de la Liberación Dominicana, controla las distintas instituciones y órganos del Estado, pero no comparto su preocupación en este momento”. 

“Ciertamente, el PLD tiene hoy el control de todas las instituciones y órganos del Estado dominicano; esa es una verdad. La funcionalidad de esas instituciones y órganos va a depender de la seriedad, responsabilidad y probidad de los hombres y mujeres que los integren. Si son personas que se respetan, poco importa la influencia que haya tenido el PLD en su designación”. 

“En distintas oportunidades, otros partidos han controlado las instituciones del Estado y estas han funcionado, independientemente del partido que motivó su designación”.

“No creo que la influencia que ejerce hoy el PLD sobre los órganos del Estado pueda crear preocupación a una dictadura personal o de partido. Después de la desaparición física de Trujillo, hay un antes y un después. En el país hay todo un abanico de hombres y mujeres con sentido democrático que no aceptan imposiciones ni dictaduras personales o de partidos”. (1)

Si en las Altas Cortes, recién designadas por el Consejo Nacional de la Magistratura, hay mujeres y hombres que se respetan, poco importa que los haya designado ese organismo controlado por el PLD. Nadie manda en la cabeza de quien tiene una formación digna, decente y honorable.

De cómo se comporten los recién designados jueces de la Suprema Corte de justicia, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral, va a depender de ellos mismos si aspiran a merecer el respeto y consideración de lo mejor de la sociedad dominicana.

Si ellos actúan con honorabilidad, probidad, rectitud y responsabilidad, el día que abandonen sus cargos ocuparán un lugar más alto, en la conciencia y estima de nuestro pueblo, que el que ocupaban al momento de su designación. 

Por el contrario, si los magistrados que ahora fueron escogidos para ocupar las Altas Cortes, proceden como mandatarios de intereses grupales, espurios y politiqueros, el día que abandonen sus respectivos cargos serán vistos en el seno de la sociedad como sinvergüenzas, indignos, huérfanos de credibilidad e integridad, pura y simplemente como subproductos sociales y, por vía de consecuencia, merecedores del desprecio de todo lo mejor del pueblo dominicano.

La realidad histórica nos dice que aquí, de una u otra forma, las instituciones del Estado siempre han estado bajo el dominio de un determinado partido. 

En las elecciones de 1962, al resultar triunfador el Partido Revolucionario Dominicano –PRD-, controló el congreso, lo que motivó al profesor Juan Bosch, a decir “que su partido tenía una verdadera aplanadora”.

En los distintos gobiernos presididos por el doctor Joaquín Balaguer, durante los fatídicos doce años, el Partido Reformista dominaba las instituciones del Estado, y cuando no pudo tener su control mediante las votaciones, en el año 1978 le arrebató cinco senadores al PRD para tener así el dominio del Poder Judicial, y todo el cuerpo diplomático.

No escapa a nuestro conocimiento, como tampoco a la mayoría de los integrantes del movimiento de intelectuales preocupados por la influencia que tiene el PLD en las instituciones del Estado, que históricamente la democracia en general no existe; la democracia tiene un contenido clasista, y la democracia dominicana de hoy también tiene esa naturaleza.

Lo ideal fuera que en el país funcionara una democracia participativa en la cual el verdadero pueblo dominicano decidiera, desde las instituciones y órganos del Estado, lo que conviene a las grandes mayorías nacionales. Pero una cosa es la democracia que el pueblo dominicano aspira y merece tener, y otra, muy distinta, lo que ha pintado la realidad dominicana desde la desaparición física de Trujillo hasta hoy.

Las dominicanas y dominicanos que aspiramos a disfrutar de instituciones pluralistas, heterogéneas, integradas por representantes de diferentes clases y capas sociales, debemos continuar luchando para ocupar un espacio en el poder del Estado que nos permita, interpretando el sentir del pueblo dominicano, participar o incidir en las grandes decisiones estatales.

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(1) La Información 21 de marzo de 2012.

Julio Aníbal Suárez y sus derechos lesionados

Por: Ramón Antonio --Negro-- Veras

Siempre he considerado que en el país hay demasiados licenciados y doctores en derecho, muchos abogados y abogadas, pero muy pocos juristas. 

Hacer simulación de buen abogado se ve ante cualquier tribunal, pero los que tienen dominio  de las ciencias jurídicas y manejan el derecho con apego a la ley y con sentido social, no se ven con facilidad en los estrados. 

La fundamentación expuesta por la doctora Rosalía Miguelina Sosa Pérez, para demostrar que el Consejo Nacional de la Magistratura lesionó al doctor Julio Aníbal Suárez, evidencia que ella conoce a profundidad el contenido ético y social de lo que es la parte humanista de la justicia aplicada a los valores que adornan a un ser humano que, como Julio Aníbal, ha hecho del correcto proceder una línea de conducta en el accionar de su vida. 

Cada punto de fundamentación del escrito de la doctora Sosa Pérez, sirve por sí solo para aceptar como buena y válida la Acción en Inconstitucionalidad intentada ante el Tribunal Constitucional por el doctor Julio Aníbal Suárez.

He aquí otros de los puntos planteados por la doctora Rosalía Miguelina Sosa Pérez, como fundamentación de los vicios de que adolece la decisión del Consejo Nacional de la Magistratura, que decidió no confirmar al doctor Julio Aníbal Suárez, como juez de la Suprema Corte de Justicia. Veamos:    

D) Violación a los Criterios Técnicos de la Evaluación del Desempeño 

En un sistema de evaluación del desempeño donde básicamente se trata de evaluar la ejecución laboral de una persona en relación a lo que se espera que realice, los criterios de evaluación deben ser objetivos, visibles, observables y comprobables, en los que se pueda demostrar ejecuciones de comportamientos en un período dado.  

El desempeño se evalúa permanentemente.  No hay un parámetro técnico ni comprobable que justifique que el Juez Julio Aníbal Suárez Dubernay, incurrió en una falta grave que amerite su no confirmación.  En caso contrario, debe ser fundamentado a través de evidencias del comportamiento en los siguientes niveles: a) a través de la observación directa del superior b) a través de las evidencias escritas; y  c) a través de la exploración específica en áreas de ejecución.   

La base de la evaluación del desempeño radica en las evidencias presentadas.  En el caso que nos ocupa, la evaluación del desempeño del Juez Julio Aníbal Suárez Dubernay  se basó en una medición subjetiva y perceptiva.  Sin embargo, aún bajo estos supuestos, puede llevarse a la operacionalidad y objetivización, porque el sujeto evaluado tiene el derecho de solicitarle a su superior una evidencia del comportamiento cuestionado.  La evaluación del desempeño es un proceso continuo donde debe haber retroalimentación permanente.   

El propósito de la evaluación del desempeño es que el evaluado mejore su ejecución laboral.  Si hay una persistencia hay una sanción negativa, si no hay retroalimentación no se alcanza los objetivos de la evaluación pues el evaluador hace y decide lo que quiere.  Cuando hay evaluación se aconseja que  un Consejo evalué las evidencias suficientes para la calificación.  Las conductas no son objetivas y ni tangibles, por lo tanto debe haber un conjunto de evidencias que justifiquen   el comportamiento negativo del evaluado.

Los resultados de la evaluación deben ser justificados, pues dejaría al evaluado en un vacío y sin la posibilidad de ser oído, y de defenderse ante las evidencias de imputaciones vagas y subjetivas. En el caso que nos ocupa, los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, utilizaron el criterio de la evaluación apreciativa  o sentida, mediante parámetros subjetivos, apreciativos  y no técnicos,  que no están acorde con la   responsabilidad que tiene cada miembro del Consejo, como órgano constitucional del Estado. 

Que los criterios establecidos en el Reglamento de Evaluación de Desempeño para los Jueces de la Suprema Corte de Justicia tienen una connotación filosófica, tales como Integridad, imparcialidad e independencia funcional; Imagen pública; Reputación intelectual; Destrezas profesionales; Capacidad de análisis; Laboriosidad;  Competencias académicas; Atención y  eficiencia a casos asignados,  los cuales de ninguna manera pueden fundamentar una evaluación técnica basada  en acciones.  La evaluación del desempeño  realizada al Juez Julio Aníbal Suárez Dubernay corresponde a una metodología improvisada incapaz de calificar los 14 años de  trabajo en el ejercicio intelectual y lógico de administrar justicia. 

E) Atentado contra la Independencia Funcional  y la Imparcialidad del Juez 

El Consejo Nacional de la Magistratura al calificar al Juez Julio Aníbal Suárez Dubernay,  que su proceder no siempre estuvo conforme a los criterios de “independencia e imparcialidad”,  sin ningún tipo de evidencia material atenta contra la independencia funcional y la imparcialidad del Poder Judicial y de cualquier juez en su función jurisdiccional. 

La independencia funcional y la imparcialidad es un derecho fundamental  para la ciudadanía,  tal y como lo establecen los artículos 8.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y 14 del Pacto internacional de los
Derechos Civiles y Políticos:    

Artículo 8.1.  Garantías Judiciales.  Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier carácter. 

Artículo 14. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia.  Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley….”. 

En el caso que nos ocupa, en  el supuesto caso de que el Consejo Nacional de la Magistratura contaba con evidencias de que el Juez Julio Aníbal
Suárez Dubernay durante el tiempo de ejercicio del cargo como Juez de la Suprema Corte de Justicia, su proceder no siempre estuvo conforme a los criterios de independencia e imparcialidad, debió de inmediato convocar al Juez y tomar acciones sobre el caso, ya que la garantía democrática  que merecen los ciudadanos de contar con jueces imparciales  e independientes es una responsabilidad de ese órgano constitucional,  y no debió de esperar  al  12 de diciembre del 2011, fecha en que fue evaluado dicho Juez y separado posteriormente. 

Muy por el contrario, el Consejo Nacional de la Magistratura no ha contado con las pruebas, evidencias y evaluaciones que justifiquen la calificación de que “en razón de que durante el tiempo de ejercicio del cargo como Juez de la Suprema Corte de Justicia, su proceder no siempre estuvo conforme a los criterios de independencia e imparcialidad”, por lo que ésta condición básica para el ejercicio de una adecuada justicia, no fue la causa de la no confirmación del Juez Julio Aníbal Suárez Dubernay. 

La independencia funcional y la imparcialidad del Juez Julio Aníbal Suárez Dubernay, fue probada durante el tiempo que ejerció la misma,  no se subordinó  a órdenes ni presiones indebidas de ninguna clase ni de ningún sujeto público o privado.  La honorabilidad,   la conducta intachable y la conciencia funcional que mostró el Juez Julio Aníbal Suárez Dubernay durante el tiempo en que ejerció dicha función, constituyen elementos indispensables que legitimaron su ejercicio jurisdiccional no sólo ante los usuarios del sistema de justicia sino ante toda la comunidad jurídica nacional.  La vida del ciudadano y juez Julio Aníbal Suárez Dubernay ha estado comprometida  con la protección de los derechos humanos, los valores democráticos y la transparencia. 

F) Violación al Principio del Debido Proceso 

El principio al debido proceso es aplicable “mutatis mutandi” a todo tipo de proceso, es de estricto acatamiento por las autoridades, conjuntamente con los principios generales de derecho público,  por un lado el de legalidad en que debe actuar cualquier órgano que ejerce potestades públicas y por el otro, el cúmulo de garantías a favor del que está sujeto a la potestad del órgano constitucional del Estado,  que según el caso que se nos presenta,  forman parte activa de sus derechos fundamentales y así deben respetarse.  

El Consejo Nacional de la Magistratura no respetó el debido proceso ya que el Acta de Sesión No. 24 del 21 de diciembre del 2011, carece de fundamentación de las imputaciones vertidas sobre “No confirmar al Magistrado Julio Aníbal Suárez, en razón de que durante el tiempo de ejercicio del cargo como Juez de la Suprema Corte de Justicia, su proceder no siempre estuvo conforme a los criterios de independencia e imparcialidad contenidos en el Reglamento de Evaluación del Desempeño de Jueces de la Suprema Corte de Justicia”.

La Constitución de la República Dominicana establece que  “Las normas del debido proceso se aplicarán a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”.  El Consejo Nacional de la Magistratura al ejercer las facultades dadas por la Constitución, violó el artículo 69.10) de la carta magna, al no cumplir con los principios del debido proceso, los cuales deben de observarse en todos los procesos en que se ejercen potestades públicos, particularmente en su relación con   los sujetos obligados y en sujeción al ordenamiento constitucional. 

Los derechos fundamentales vinculan a todos los poderes públicos, los cuales deben garantizar su efectividad en los términos establecidos por la ley, Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. 

El derecho fino, aquel que se lleva a la práctica interpretando la ley y aplicando el derecho con seriedad a casos concretos y con sentido social, no abunda en nuestro medio. Solamente puede ser la obra de los que abrazan como un sacerdocio el oficio de abogadas y abogados.

Félix Bautista el MVP

Entre Usted  y yo

Por Rafael Calderón*

Si en la política se concediera el premio de Jugador más Valioso (MVP, por sus siglas del inglés) no tengo la menor duda de que Félix Bautista se alzaría con el galardón, con el voto unánime de los expertos de la crónica especializada en la pelota caliente que se juega en el gobierno y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Félix lo ha hecho todo en favor de su equipo morado, y por eso su mentor Leonel Fernández dice “lo quiero como a un hijo”. Bautista tiene récord de apariciones en las situaciones de peligro por denuncias de corrupción, y siempre resuelve cargando con la responsabilidad de cerrar el asunto.

Pero si observáramos a Félix desde el punto de vista de la química, de él pudiéramos decir que es un efectivo catalizador de los escándalos de corrupción gubernamental. Ha sido mezclado con muchos, los más grandes, pero el sanjuanero ha demostrado ser un agente químico que no se altera, no importa la reacción que provoque.

Félix pasó su gran prueba de inalterabilidad al mezclarse junto a su padre putativo en el asunto Sun Land, en el pasado cuatrienio gubernamental. Entre ambos hicieron que se esfumaran $130 millones de dólares y permanecen igualitos. Bueno, no tan igualitos, ahora son más poderosos y ricos.

Eso sí, después del fallo de la Suprema Corte de Justicia sobre el caso Sun Land, la reacción que provocó el binomio a lo largo y ancho del país puede apreciarse en el enorme crecimiento alcanzado por las estadísticas sobre corrupción, criminalidad, narcotráfico, robos y las demás actividades delictivas que generan dinero fácil a las mafias gubernamentales y callejeras.

Félix Bautista

Mire, de allá para acá, sobre la figura del hoy senador se han disuelto uno tras otro los mayores escándalos del entorno peledeista. Veamos un par de muestras:

En el caso de José Figueroa Agosto, puede decirse que en Félix Bautista quedó resumida la amplia red que le dio protección oficial para moverse a su antojo en el país, pues su nombre fue el que salió a relucir por su vecindad con el asesinado ex coronel González y González, lugarteniente de Figueroa Agosto, y porque le otorgó, “para ayudarla” por condescendencia de Leonel, una contrata millonaria del estado a Mary Peláez, quien está en prisión por su sindicación como testaferro del capo puertorriqueño.

Se habló de falsificación de tesis por parte de Danilo Medina y ahí apareció Félix, para que se dividiera entre dos la carga del engaño a la sociedad que, tal vez, es el pesar interior que abate a Danilo hasta el agotamiento físico que proyecta siempre.

Se mencionó la cuenta millonaria de doña Margarita en Dinamarca, y ahí apareció Félix, para terminar acaparando toda la atención pública del asunto, ahora con sus cuestionados contratos grado a grado en Haití, con sus aportes a la campaña de Toledo en Perú, con sus inversiones en Panamá, etcétera, de todo lo cual el acaudalado político dice que no habla porque en el país hay muchos envidiosos.

Y resuelto el problema con esa determinante declaración, mientras doña Margarita y Danilo siguen en campaña bajo la sombrilla de $40 mil millones con que los protege el mentor y salvaguarda de Félix.

Por hoy, me voy. Que Dios le llene de bendiciones, y se apiade del país.

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*Periodista dominicano residente en Nueva York