Alianza criminal contra la bioseguridad Ministerio de Agricultura, JAD y Monsanto

¡Qué vergüenza!

Fátima Portorreal

En República Dominicana se ponen en escena prácticas y discursos que demuestran que el “progreso”  o mejor dicho “ es pa lante que vamos” está llevándonos al basural,  a la degradación ambiental y al daño irreparable de nuestros ecosistemas. A decir del poeta Nicanor Parra son demasiados los  vicios del mundo moderno que nos arrastran a los crímenes ecológicos del capitalismo. Y uno de ello, no cabe duda es el autoritarismo de Estado.

Hoy el  Ministerio de Agricultura se encarga de imponer políticas públicas que amenazan la naturaleza y se sostienen en una ética de la destrucción en materia de bioseguridad. La fórmula mágica propuesta es la “alta tecnología”, hoy conocida como los  organismos genéticamente modificados (OGM), considerados de alto riesgo por su impacto a la biodiversidad, la salud, la pérdida de los recursos genéticos y el control de los mercados.

La experiencia en América Latina en relación con los  organismos genéticamente modificados (OGM) es bien conocida, ya que Monsanto, monopoliza las actividades agroempresariales, destruye la economía campesina, los mercados internos y regionales, a fin de crear dependencia tecnológica y encarecer los alimentos, destruyendo la Soberanía Alimentaria y afectando los recursos genéticos por su expansión y afectación a otras especies. Muy bien, lo ha expresado la Universidad de Indiana que: “el polen y otras partes de las plantas que contienen toxinas de maíz Bt (OGM), depositados en arroyos cerca de los campos de maíz, aumentan la mortalidad de insectos acuáticos y afectan  a otras  especies que habitan ecosistemas hídricos”.

La empresa Monsanto es monopolista y tiene controlado aproximadamente el 60 % del mercado mundial y un 70 % del mercado de semillas. Cada una de las semillas de Monsanto están patentadas, es decir que tienen un derecho exclusivo para su comercialización y explotación comercial y esto da lugar a tres grandes problemas para el desarrollo rural y la producción de alimentos: se encarece el valor de la semilla, pues no hay competencia contra los transgénicos, los/as agricultores/as no pueden guardar, ni volver a sembrar las semillas que están patentadas (las semillas no son viables para una nueva siembra), ya que pueden ser enjuiciados y en los cultivos cercanos pueden aparecer plantas transgénicas llevadas por el viento o insectos y esto no puede ser evitado por ningún productor o productora. En tal caso, los/as agricultores/as pueden ser sometidos a la justicia, por tener dichas plantas en sus propiedades.

Está claro, para los/as científicos/as que no se puede controlar la expansión del polen de los (OGM). Ni los poetas, ni magos pueden detener el viento, apresar a  las abejas, hormigas u otros insectos. En pocas palabras, los transgénicos modifican otras especies, y con ello se afecta el patrimonio genético. Por tales razones dicha compañía ha sido enjuiciada éticamente por distintos grupos ambientalistas del mundo. 

En República Dominicana no podemos permitir que se destruya el patrimonio genético, ni que nuestros productores/as de alimentos pierdan el control de las semillas que por muchas generaciones han cuidado. Al introducir alimentos y productos transgénicos sin control, como son el maíz, las telas de algodón transgénicas, los aceites vegetales, la soya, tomates y avena que se vende en los supermercados, estamos favoreciendo los bolsillos de dicha empresa y destruyendo nuestra Soberanía alimentaria.

Cualquier país reconoce claramente que tiene que proteger preventivamente el patrimonio natural frente a cualquier riesgo. Y las instituciones encargadas de velar por esto son el Ministerio de Medio Ambiente y Recurso Naturales y el Ministerio de Agricultura. ¿Qué está pasando en República Dominicana?, por qué Monsanto aparece en escena en el territorio nacional y se firma un convenio aparentemente inofensivo para introducir la famosa marca De Ruiter Seeds (OGM). Con este acuerdo se pone  en juego la biodiversidad de República Dominicana.

A mi entender, la respuesta es muy simple. El modelo de producción, está cimentado en defender empresas transnacionales (Monsanto), dependencia económica  y en el desarrollo de agroempresas de particulares que desarticulan el mercado interno y con ellos a los pequeños/as productores y productoras de alimentos. Y sobre todo no les interesa defender el patrimonio genético del país. El Ministerio de Agricultura facilita y permite que la empresa Monsanto pueda hacer lo que quiera en el país, ni Haití permitió entrada de semillas donadas por Monsanto, a pesar de que se habían agostado sus semillas, por la hambruna que se produjo tras el terremoto.

No acabo de entender como una institución como la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) caracterizada por su apoyo a los/as productores/as de alimentos y a la protección ambiental haya firmado un acuerdo con Monsanto, para introducir semillas que supuestamente son  “sanas e inocuas”. Cómo es posible que quieran decirnos a los dominicanos y dominicanas que esta empresa de mala reputación internacional, por mercadear semillas transgénicas que han afectados ecosistemas completos y destruidos mercados de productores locales, pueda tener cabida en el país y le den facilidades. Está claro que acaba de firmar un acuerdo para introducir semillas de destrucción.

Cómo se atreve el Ministerio de Agricultura, a permitir la entrada de semillas transgénicas, sin consulta con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pues supongo que no están enterados, dado la gravedad del caso. Y si así lo fuera, como no aplican el Principio Precautorio ratificado por Agenda 21,  el Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad, 2006 y la Ley  64 -00 que ratifica el principio precautorio contra cualquier organismos que pueda afectar la biodiversidad del país.

Nuestro anteproyecto de ley sobre Bioseguridad descansa en paz en el Senado de la
República desde hace cuatro años. A este congreso, no le interesa para nada, resolver este problema de prioridad nacional. Necesitamos un marco regulatorio que nos permita controlar la entrada de cualquier organismo genético al país.

Estamos a merced de la diablura de funcionarios que por intereses económicos se confabulan con Monsanto y venden quimeras de seguridad y tecnología. Tan sólo tenemos protocolos y la posibilidad de aplicar el Principio Precautorio para frenar, si es que se puede en términos jurídicos a este coloso del mal (Monsanto).   Necesitamos con urgencia la aprobación del proyecto de ley de Bioseguridad.  Y exigimos al Estado dominicano que nos aclare sobre este convenio.

Hoy pido a los grupos ecologistas y científicos /as que nos pronunciemos  públicamente contra la legalización de la introducción de transgénicos en el país. Hacemos un llamado a la conciencia de los ciudadanos y ciudadanas del país para  decirles a los ministros de turnos del Ministerio de Agricultura que no queremos a Monsanto en República Dominicana.