El pasado 16 de diciembre publiqué en este blog una entrada en la que me hago eco, y reproduzco, de los correos electrónicos cruzados entre la candidata vicepresidencial oficialista y primera dama, Margarita Cedeño, y su amiga Rosa Hernández de Grullón.
Los documentos venían circulando desde varios días antes en las redes sociales y por el correo electrónico. Fui una de las posiblemente miles de personas que los recibieron. La totalidad de ellos incluía no solo los intercambios entre Cedeño y Hernández, sino también copia facsimilar de facturas, artes publicitarios y fotografías personales que, obviamente, no fueron logradas mediante el pirateo informático, sino en fuentes primarias.
Casi dos meses después, el pasado viernes 10, en medio de unaacción militar desproporcionada, representantes del Ministerio Público allanaron las casas y oficinas del periodista Guillermo Gómez buscando las pruebas materiales de las intervenciones informáticas ilegales que le atribuyen, entre ellas, y esto fue relevado por las autoridades, a la cuenta de correo de Margarita Cedeño.
Si alguien tenía alguna duda de la veracidad de los correos publicados, las autoridades, muy a pesar suyo, se encargaron de despejarla de manera incontestable. Ninguna otra prueba mejor de la autenticidad de los documentos circulados que la acusación a Gómez, todavía no formalizada, de ser el autor del “hackeo” al correo de la consorte presidencial. Dicen los abogados que a confesión de parte, relevo de pruebas. Nadie puede alegar ahora que la publicación de estos documentos fue invención aviesa ni desmentir sus contenidos.
Junto al despliegue militar y los demorados allanamientos a las propiedades de Gómez, aparecieron numerosos partidarios de doblarles la cerviz a los irreverentes. Enfervorizados, han pedido hasta enronquecer una ejemplar (y ejemplarizadora) sanción contra quienes incurrieron en el delito, puesto que así lo define la ley, de irrespeto del derecho a la intimidad de la pareja presidencial, argumento tan forzosamente estirado que ha servido hasta para hablar del “peligro” al que ha sido expuesta “la seguridad nacional”. Un cómplice intercambio entre poderosas amigas íntimas ha adquirido categoría estatal, pero sin que los áulicos del gobierno expliquen sensatamente el porqué.
Extraña, y ruboriza, que estos que han hablado del delito del “hacker” silencien, imagino que interesadamente y no por desconocimiento, la gravedad de lo cometido por la víctima del“hackeo”. Una legalidad y una moral tan selectivas que no pueden menos que levantar sospechas: hay infractores favoritos, en versión atenuada de la frase que acuñara Rafael Herrera.
Si finalmente las autoridades pudieran demostrar, sin la menor duda razonable, que hay un responsable identificable de este delito de “alta tecnología”, ¿podrá el Ministerio Público pedir sanción penal en su contra y pasar por alto lo que reveló esa intervención? Si así ocurriera, sería inequitativo e injusto, incluso desde el punto de vista del sentido común.
Si el el Ministerio Público desea honrar su calidad de representante de la sociedad, haría bien en ocuparse simultáneamente de ambos protagonistas del problema. Y con tanto interés y transparencia en uno como en otro caso. De lo contrario, subrayará el peligro que corre la democracia cuando todos los poderes del Estado están en manos de una sola fuerza política, como ahora ocurre.
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